A 31 de diciembre de 2017, las obligaciones reconocidas por la Junta Municipal ascendían a 31,97 millones de euros de los 41 presupuestados. El nivel de ejecución de los capítulos con variación presupuestaria asciende al 68,58%. Es el año con menor nivel de ejecución de la década.
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Dos meses tardó el Ayuntamiento de Madrid en hacer públicos los datos de ejecución presupuestaria del año 2017, que permite valorar la gestión de Ahora Madrid en su tercer año de gobierno a la espera de que haga públicos los presupuestos de 2018.
Comenzabamos 2017 anunciando que el presupuesto del distrito se incrementaría un 13% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 36,17 millones de euros. Las posteriores modificaciones de crédito permitieron elevar este presupuesto hasta 41 millones, habilitando a la Junta Municipal a realizar nuevas inversiones.
Sin embargo, el conflicto entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de la regla de gasto, que supuso la dimisión del delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, limitaron las posibilidades reales de gasto y obligaron a recortar en diferentes partidas de todas las áreas y distritos.
El crédito autorizado por la intervención municipal descendió el montante total para Fuencarral-El Pardo hasta los 32,2 millones de euros, lo que ha desembocado en que la Junta Municipal haya asumido obligaciones económicas por valor de 31,97 millones.
Este valor deja como primer titular un nivel de ejecución presupuestaria del 77,96%, confirmándose como el peor dato de ejecución de lo que va de década, muy inferior a los dos años anteriores de Ahora Madrid -que rondaba el 90%-. Sin embargo, ese dato incluye el capítulo de gastos de personal, que es prácticamente invariante cada año (en 2017 aumentó un 0,25% por la descentralización). El dato real no debe incluir gastos de personal, y el nivel de ejecución en ese caso desciende al 68,5%.
El dato más destacado es el capítulo de inversiones reales, del cual sólo se ejecutó un 30% de lo previsto -2,5 de los 8,1 millones presupuestados-. Las modificaciones presupuestarias permitieron aumentar el presupuesto inicial de 3,3 a 8,1 millones pero los recortes realizados para cumplir con la regla de gasto volvieron a bajar el crédito disponible, como sucedió con las partidas destinadas a colegios -se dispusieron 1,43 millones y finalmente se autorizaron y gastaron 580.000€- o edificios -dispuestos 1,3 millones, autorizados y gastados 330.000-.
También destaca la nula ejecución de 2,57 millones destinados a reforma de edificios a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles -procedentes del remanente de tesorería de 2016-, de los cuales no se ha ejecutado ni un euro al retirarse del presupuesto tras la inmovilización de crédito exigida por Hacienda.
Sólo el capítulo de gastos de personal -prácticamente invariante año tras año- ha sido ejecutado en su totalidad e incluso ha superado el gasto previsto en 25.000€. El capítulo de bienes y servicios corrientes tiene una ejecución del 83,6%, dato prácticamente idéntico al del capítulo de transferencias corrientes destinadas a servicios sociales (familias, mayores, integración o subvenciones a entidades), que llegaron al 84,9% de ejecución. Las transferencias de capital tienen una ejecución del 60% -24.000 de los 41.000 euros presupuestados-.
Varias de las inversiones no ejecutadas han sido trasladadas al año 2018 y se ejecutarán como Inversiones Financieramente Sostenibles debido al gran remanente de tesorería existente del año 2017 y que el Gobierno ha autorizado a que sean gastadas en 2018 a través de un Real Decreto. Entre estas inversiones se encuentran obras como el arreglo de zonas verdes.
