La diputada autonómica compartió el pasado martes con nosotros su visión sobre la gestión del Gobierno de la Comunidad en materias de seguridad y justicia, y felicitó a la Agrupación por la convocatoria de este tipo de reuniones que permiten una interlocución directa entre políticos y militantes.
Seguridad y justicia, dijo, son terrenos áridos pero servicios esenciales; ambos garantizan la existencia de derechos fundamentales recogidos en la Constitución como son el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad. Reconoció que la consecución de una Administración de Justicia eficaz es la gran asignatura pendiente de la democracia española “no hemos logrado que el ciudadano se sienta satisfecho con la justicia, una justicia que llega tarde no es justicia”.
En su opinión, la transferencia de la competencia en materia de justicia ha sido un fracaso en el caso de la Comunidad de Madrid, y la culpa la tiene un gobierno autonómico desinteresado que tras diez años de mala gestión ha acabado sugiriendo que sea devuelta al Estado. A día de hoy, once comunidades autónomas tienen competencias en materia de justicia, esa cesión se hizo con el fin de mejorar el funcionamiento de la misma pero, en opinión de la diputada socialista, las transferencias en la Comunidad de Madrid no estuvieron bien planificadas, la idea no fue errónea el resultado ha sido un desastre pero porque él mismo depende en gran medida del signo político que se encargue de su gestión “Aguirre sólo se preocupó de poder lucir un proyecto faraónico: el de la Ciudad de la Justicia, que resultó ser inviable, todavía no se ha puesto en funcionamiento, ni se espera que lo haga, y ha supuesto una pérdida de 100 millones de euros en su construcción y otros 6 millones sólo en publicidad”. La planta judicial (el número de juzgados) sigue siendo competencia del Estado, Madrid es la Comunidad con mayor planta judicial, por ello, Encarnación sí defiende el proyecto de una ciudad de la Justicia que entiende acabaría con la dispersión de juzgados en la Comunidad de Madrid y facilitaría los trámites a los ciudadanos, sin embargo, rechaza la forma en que se intentó llevar a cabo que culminó en un estrepitoso fracaso y acarreó enormes pérdidas económicas.
Encarnación destacó que Madrid, al tener la capitalidad, sufre un enorme número de pleitos y un colapso en su Administración de Justicia, no sólo por una elevada cifra de población sino que hay que cuantificar también los pleitos que pueden darse con personas transeúntes (al situarse en Madrid el aeropuerto de Barajas y las principales estaciones de trenes y autobuses de España) además, en Madrid se abordan casos sobre los que sólo tienen competencia para juzgar la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, todos ellos ubicados en la Comunidad de Madrid, por tanto un gran número de contiendas acaban siendo enjuiciadas en la capital; como ejemplo señaló que es en Madrid donde se juzgan el mayor número de pleitos marítimos, ello supone una extraordinaria acumulación de trámites, querellas, denuncias y demandas que entorpecen el buen funcionamiento de la justicia.
Encarnación, aprovechó para denunciar que la aportación de recursos materiales y tecnológicos a esta Administración en Madrid ha sido notablemente escasa, igual que escasa ha sido la colaboración mediante convenios para introducir mejoras en su funcionamiento.
Por otra parte, se mostró preocupada por la eliminación de las guardias de 24 horas de los servicios psicosociales en los juzgados de violencia de género, que atienden tanto a la víctima como a los menores que las presencian o incluso también las sufren, “es tan irresponsable esta medida como pensar que un maltratador sólo va a ejercer la violencia de 8 a 15 de la tarde”.
Por otra parte, le recriminó al gobierno de la Comunidad haber creado el conflicto con los abogados del turno de oficio cuya labor calificó de imprescindible para garantizar el derecho a la defensa de todos. Dilucidó que a este colectivo se les adeudan todos los trabajos realizados desde enero de 2012, recientemente se les ha pagado el último trimestre de 2011, tienen que costearse numerosos gastos por sí mismos como los de desplazamiento, y se les han eliminado los honorarios en un 20% “el fin está claro, solo tendrá acceso a la justicia aquél que pueda costeársela y eso rompe toda igualdad base de nuestro Estado de Derecho y crea situaciones de indefensión”.
Encarnación matizó que la apuesta del partido es una defensa a ultranza y una modernización de la Administración de Justicia por medio del trabajo conjunto y la colaboración de las distintas administraciones y niveles del Estado así como con colectivos que ostenten un interés como el Colegio de Abogados o distintas Asociaciones de jueces y abogados.
Se lamentó de que en 2010 el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha un plan de modernización de la Administración de Justicia pero se encontró con la obcecación de algunas Comunidades Autónomas como la de Madrid, en la que Aguirre, tras su fracaso con la ciudad de la Justicia, quiso devolver las competencias cedidas por el Estado, y Gallardón ha aumentado las tasas judiciales, “no se tratan de políticas de austeridad, estamos asistiendo a decisiones de un marcado carácter ideológico antisocial”.
En cuanto a Seguridad, destacó que las políticas en esta materia son clave para que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos. Afirmó que en seguridad vale tanto o más que la seguridad existente, la percepción que sobre ella tengan los ciudadanos, “si falla la seguridad, fallarán la tolerancia y la paz social”.
Afirmó que lo esencial es apostar por políticas de prevención de la delincuencia para así erradicarla, es necesario invertir en bienestar social que es lo primero que disminuye los índices de aquélla. Reiteró que existe una clara diferencia en este tema entre la derecha y la izquierda, para la izquierda frente al modelo exclusivamente coactivo propio de la derecha; la prevención, las políticas de ciudadanía y la igualdad socioeconómica son las principales medidas en las que ha de basarse la seguridad “el delincuente no crea problemas sociales, son los problemas sociales los que crean al delincuente”.
Encarnación también rechazó la tendencia de convertir las faltas en delitos ya que la reducción de aquellas es preferible por medio de la educación en civismo y aumentar la tipología de los delitos colapsa todavía más la administración de justicia y los centros penitenciarios, además, puede suponer acabar evolucionando a un modelo de Estado cada vez más coercitivo. Manifestó, también, su total rechazo a la nueva pena de prisión permanente revisable a la que tachó de ser una verdadera cadena perpetua que resulta inadmisible en nuestro Estado democrático de Derecho. En cuanto a la unificación de partidos judiciales expuso que no sólo era un embrollo que perjudicaría aún más el ya de por sí angosto funcionamiento de la Administración sino que, además, es una forma de camuflar la verdadera intención subyacente de despedir a interinos basándose en una primacía de la austeridad.
Por último, hizo referencia a los avances tecnológicos que no sólo permiten un desarrollo positivo de los medios de comunicación y de los recursos con los que cuentan los ciudadanos sino que, también, entrañan una nueva tipología de delitos, los delitos informáticos, además de favorecer a otros que ya existían, delitos derivados de la criminalidad organizada, por lo que invertir en cuerpos de seguridad expertos en informática ha sido una necesidad cada vez más incipiente sobre la que tampoco cabe recortar.
