Las familias instaladas en un poblado chabolista en una explanada del distrito recurrirán el proceso de desalojo y derribo de los asentamientos y reclaman que se les permita seguir así hasta que no sean realojados en viviendas sociales.
El PSOE pide al Ayuntamiento que solucione el problema con su mediación
En este asentamiento, con una docena de chabolas, viven tres generaciones de Vargas, mayoritariamente mujeres. La mayoría ha recibido una notificación del juzgado y el Ayuntamiento confirma que la orden de desalojo es firme. Los terrenos en los que han levantado las chabolas son propiedad de una promotora y forman parte de la operación Chamartín, un plan urbanístico para ampliar la Castellana hacia el norte.
La mayoría de los menores acuden al colegio público Vasco Núñez de Balboa, sobre el que pesa una orden de cierre para el curso que viene.
Manuela, una de las afectadas por el proceso, ha remarcado a Europa Press que una representación de 12 familias (compuesta por cerca de 60 personas) han acudido al juzgado en relación con la notificación del expediente urbanístico y que tienen cinco días para recurrir, derecho que ejercerán.
A María José Vargas la echaron de un piso de Sanchinarro por impago. Cobra 300 euros de subsidio y debía pagar 250 de alquiler, asegura. Su hijo Carlos acaba de conseguir un trabajo de conserje. «Estoy emocionado», dice en la puerta de la chabola. Para su hija pequeña querría algo mejor: «Estaría bien que fuera médico o abogada». Ocuparon una fábrica que hay junto al descampado. Ya se ha mudado tres veces. «Por lo menos esta vez no nos tiran en invierno», se consuela.
Manuela también ha indicado que las familias, que cuentan con 20 menores a su cargo, quieren permanecer en la zona hasta que no se les entregue los pisos del Ivima de carácter social que han solicitado casi todos los integrantes.
Por ello, espera que no se ejecuten los derribos hasta tener acceso a esas viviendas y espera que su reclamación prospere. Además, Manuela ha dicho que en su caso tiene cuatro hijos a su cargo y que dos de ellos presentan problemas de salud (asmatismo y una discapacidad). También ha recordado que la mayoría de menores están escolarizados en el colegio Vasco Núñez de Balboa, que la Consejería de Educación pretende fusionar con otro centro.
PSOE QUIERE UNA SOLUCIÓN «INMEDIATA»
Mientras, el concejal del PSOE Pedro Zerolo ha indicado que su partido «lucha» contra el cierre del colegio y ha trasladado su apoyo a las familias, que llevan más de 10 años residiendo en el distrito de Fuencarral, ante la «difícil situación» que padecen.
Por ello, ha exigido la intervención «efectiva» del Ayuntamiento de Madrid para mediar en los trámites de acceso a la vivienda de carácter social solicitadas por estas familias.
Zerolo ha detallado que en el caso de la familia de Manuela se lleva solicitando desde hace años el acceso a un piso de carácter social y que el 7 de febrero la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad admitió la solicitud, «sin que a día de hoy se sepa nada» a pesar de conocer que vive en un poblado chabolista.
Por tanto, ha avanzado que su grupo municipal presentará en el próximo Pleno de la Junta Municipal del distrito una iniciativa para exigir una solución «inmediata y duradera» para los integrantes del poblado.
Además, el edil socialista se ha preguntado «dónde está el tan anunciado plan de viviendas sociales» de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y también se ha interrogado sobre la utilidad del mismo si no es para «atender a los más vulnerables» o a personas que presentan situaciones socieconómicas y familiares «extremas».
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Fuentes | Europa Press | El País | Telecinco
