La Comunidad de Madrid amplía las líneas educativas de los colegios, pese a no estar preparados para ello. Las familias se movilizan: piden un tercer colegio y reiteran la necesidad de un instituto en el barrio.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a través de su Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital (DAT), ha confirmado a las direcciones de los dos colegios públicos de Montecarmelo que contarán con una nueva línea adicional en primer curso de educación infantil, debido, según la administración educativa, a la demanda que se ha generado en el proceso de escolarización.
Las familias y vecinos de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo, Madrid), a través de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo conformada por las AMPAs y la Asociación Vecinal, han mostrado su rechazo a la decisión tomada por la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital por la que en los dos colegios públicos de infantil y primaria existentes en el barrio (CEIP Infanta Leonor y CEIP Antonio Fontán) se ha acordado ampliar a una cuarta y quinta línea respectivamente el primer curso de segundo ciclo de educación infantil (3 años).
La razón esgrimida por la DAT ha sido que se ha producido «una demanda superior a la esperada«. Concretamente, según señalan las familias, 94 solicitudes sobre 75 plazas ofertadas en el caso del CEIP Infanta Leonor y de 126 sobre 100 plazas en el CEIP Antonio Fontán.
En el caso del CEIP Infanta Leonor, esta nueva líneas se sumarían el próximo curso a las cuatro ya existentes en 3er curso de segundo ciclo de infantil (5 años) y en 6º de primaria, con lo cual se vería aumentada considerablemente la presión sobre un centro que está construido y proyectado sobre línea 3, es decir, tres grupos por curso.
«Las aulas, los patios, el comedor o el pabellón deportivo verán aumentada su población de una manera drástica, generando una merma en la calidad educativa de todo el centro, cuyos recursos seguirán siendo los mismos. La situación sería especialmente negativa en el ciclo de educación infantil, donde dos de los tres niveles contarán con más líneas de las previstas», denuncian las familias.
Igualmente, el CEIP Antonio Fontán verá por segundo año consecutivo ampliada dicha línea en primer curso de infantil, denunciando que la DAT incumple «el compromiso realizado hace unos pocos meses por el que, en caso de generarse esta demanda, se optaría por la construcción de un tercer colegio en el barrio, no por ampliar líneas educativas».
La Plataforma quiere dejar claro que no se posiciona contra las familias que han solicitado y finalmente conseguido plaza en los centros públicos tras solicitarla en primera opción: «creemos que nuestra respuesta ha de ser contundente denunciando que la DAT debería haber manejado ya estas cifras demográficas con antelación y haberse adelantado a los acontecimientos planteando la construcción de un tercer colegio público en Montecarmelo.
«Llevamos años denunciando que este es un barrio en el que los índices de población infantil y juvenil requieren que se prevean de un modo racional la oferta de servicios públicos de los que actualmente carecemos: centro de salud, instituto, biblioteca, espacios deportivos, segunda escuela infantil…». Las familias van mucho más allá: «en Madrid se nos conoce como el barrio de los 3.000 niños, pero no tenemos apenas servicios públicos para ellos, al igual que para los más de 22.000 vecinos que residimos hoy aquí«.
Las familias señalan igualmente que esta situación está conectada con la ausencia de un Instituto de Educación Secundaria en Montecarmelo, que sigue en el aire. También denuncian que se ha aprobado la ampliación del colegio concertado Santa María la Blanca, construído sobre suelo público, que podrá construir un nuevo módulo de bachillerato privado en una parcela que la propia Consejería estaba valorando para la construcción del instituto público.
Entre las acciones programadas está la de una recogida de firmas que en pocas horas ha obtenido casi un millar de adhesiones, el traslado de notificaciones a titulo familiar directamente a la propia Consejería, la difusión en redes y otros medios de la situación existente, y la petición de una reunión con la titular de la DAT de Madrid-Capital.