La Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos ha registrado la denuncia contra el Consejero de Educación por presunta prevaricación en el cierre del IES Pérez Galdós. La demanda pide la suspensión cautelar del cierre.
La asociación ha cursado la denuncia en los juzgados de Plaza Castilla acompañados por representantes del AMPA del Pérez Galdós, Miguel Ardanuy y Beatriz Galiana -diputados de Podemos-, y miembros de CCOO.
En la denuncia se destaca que no se haya procedido a la apertura de un expediente administrativo de cierre que permitiese a las familias poder alegar contra la medida, por lo que se vulneran sus derechos. A ello se añade el incumplimiento del artículo 87.4 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que recoge el derecho de los estudiantes a terminar su educación en el mismo centro en el que se matricularon, un derecho que para la asociación denunciante se ha vulnerado.
Cielito Recio, portavoz del AMPA, ha asegurado que la consejería ha puesto «todas las trabas legales» a los padres, y afirma que las actuaciones ejecutadas para lograr el cierre «son irregulares«. «El proceso de cierre se ha ejecutado a una velocidad vertiginosa«, comentó.
Además, considera que la directora del centro forzó a los menores para que rellenaran un documento para elegir otro centro el año que viene y añade la importancia del cierre de aula TEA para niños con trastorno autista. Además, cree que este cierre motivará la masificación del resto de cierres de centros cercanos. También denuncia que la Consejería no les ha dado acceso al supuesto expediente de cierre y asegura que Educación lleva años «poniendo trabas» a la matriculación del centro: «el cierre estaba planificado».
La presidenta de la Asociación para la Transparencia y los derechos humanos, Carmen Pérez, ha asegurado que han presentado la denuncia por «falta de transparencia de la administracion«, al impedir el acceso a los datos administrativos a los afectados por el cierre. Pérez ha considerado que las actuaciones del consejero pueden suponer un presunto delito de prevaricación.
Desde Podemos, el diputado Miguel Ardanuy ha considerado que «la Consejería ha tratado de coaccionar a los alumnos para tratar que firmaran voluntariamente el traslado cuando ellos y sus familias han demostrado que no, que es su derecho permanecer en el centro». Cree que la Comunidad de Madrid ha vulnerado el derecho de libre elección. Desde CCOO también consideran que el cierre es «totalmente programado».
Van Grieken defiende el cierre: «No es un capricho»
En declaraciones a Europa Press, el consejero de Educación asegura que el cierre es una medida «fundamentada por el bajo nivel de matriculación del centro» y subraya que los estudiantes «tendrán una mejor oferta educativa» con el traslado a otros centros.
Van Grieken asegura que «respeta el derecho constitucional de los denunciantes pero, evidentemente» no está de acuerdo con la demanda: «La Consejería tiene bases, argumentos y fundamentos que avalan la medida». «La calidad requiere un mínimo de estudiantes«, ha destacado el consejero.
Ha subrayado que todos los alumnos del Pérez Galdós han sido ya asignados a nuevos centros, a excepción de 2º de Bachillerato «donde se está pendiente por si hubiese alguna repetición de curso tras los exámenes de septiembre», asegurando que su escolarización está «plenamente garantizada». Por su parte, la plantilla de profesores fijos pasará al nuevo instituto de Las Tablas, que a tres meses para el comienzo del curso sigue sin estar construído.
