La calle Santiago de Compostela acogerá todas las secciones judiciales salvo Familia, además de remodelarse la sección penal. La concentración de sedes ha supuesto un coste de 66 millones de euros.
La Audiencia Provincial de Madrid concentra desde hoy, lunes 18 de septiembre, todas sus secciones -salvo las de asuntos de Familia- en su sede de la calle Santiago de Compostela, en el barrio de Peñagrande, según ha anunciado Eduardo de Porres, presidente de este órgano jurisdiccional, durante la presentación de la Memoria 2016.
Actualmente, la Audiencia Provincial ya dispone de un edificio principal en Santiago de Compostela 96 de dicha calle dedicado a la sección Penal. La concentración de sedes anunciada por la Comunidad de Madrid ha provocado el alquiler para 10 años, por un valor que supera los 23 millones de euros, del edificio situado en el número 100 de dicha calle.
Este edificio, con 10 plantas y 130 plazas de garaje, permitirá concentrar las secciones judiciales que estaban ubicadas en los edificios de las calles de Ferraz y Martínez Campos, que comienzan a prestar servicio desde hoy en el nuevo edificio. Acogerá, además de la sección de Civil, una Oficina General de Presentación de Escritos, tres salas de audiencia y una biblioteca que será compatible con una sala de prensa.
De Porres ha destacado que la cercanía de los dos edificios permitirá una mayor relación de todos los miembros del tribunal, reducir dependencias que estaban duplicadas y compartir dependencias como las salas multiusos de los dos edificios, sala de vídeo, conferencias y sala de vistas.
«La dirección de la Audiencia también se va a instalar aquí para que Penal tenga más espacio. Los magistrados tendrá despacho individual y aparcamiento. Habrá también una sala de videoconferencias y archivos. La idea es que en un plazo de 15 días todo esté funcionando bien», aseguró en rueda de prensa.
También se ha renovado el alquiler del edificio de Penal, situado en Santiago de Compostela 96, para los próximos 10 años por un valor superior a los 43 millones de euros. El arrendatario estará obligado a ejecutar obras de mejora en el edificio que afectarán principalmente a fachadas, climatización y sistema de aire.