Todos los grupos políticos que conforman el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos firman un comunicado conjunto en el que aseguran que colaborarán en la acogida pero se debe respetar la normativa municipal, para lo cual se emitirán los informes necesarios.
El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Madrid anunció su intención de destinar unas instalaciones de su propiedad situadas en el término municipal de Tres Cantos para destinarlas a la acogida de migrantes a través de un acuerdo con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que abriría un centro de acogida temporal.
Este anunció desató una tormenta política en Tres Cantos y un cruce de declaraciones con el consistorio madrileño debido a que las instalaciones señaladas, que corresponden al edificio Armando Palacio Valdés (situado en la Finca La Paloma, en el kilómetro 22,6 de la carretera M607), están registradas en el plan urbanístico tricantino como parque urbano, con un uso complementario de dotacional educativo.
Este uso impide que se convierta en un alojamiento comunitario como pretendía el Ayuntamiento madrileño, que consideraba el edificio como idóneo al mantenerse en buenas condiciones y con el equipamiento adecuado, al haber albergado antiguamente una residencia femenina y destinarse a campamentos de verano.
Para intentar solucionar este conflicto, y cumpliendo con los compromisos aprobados por unanimidad en 2015 al convertir a Tres Cantos en «Ciudad Refugio», todos los grupos municipales han acordado por unanimidad en la Comisión Informativa de Personas pedir los informes técnicos pertinentes para analizar posibles soluciones.
En esta Comisión, todos los grupos han mostrado su predisposición a buscar un acuerdo que permita colaborar con el proyecto gubernamental y facilitar la comunicación con el Ayuntamiento de Madrid, siempre de acuerdo con la legislación, pero recalcan que el Ayuntamiento de Tres Cantos está obligado a velar por el cumplimiento de la normativa vigente: «una responsabilidad que no se puede eludir, ya que no quedaría garantizada la seguridad de las personas en las instalaciones y su entorno».
El comunicado finaliza recalcando que se debe de garantizar «nuestro apoyo a un proyecto que permita ordenar los recursos sociales del estado para que las migraciones hacia cualquier país de la Unión Europea sean lo más organizadas posibles y acordes a la Carta de Derechos Humanos».
