El Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares compró kits de tests rápidos el 28 de febrero con la autorización de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, diez días antes de que el Gobierno regional anunciase las primeras medidas contra el COVID-19.
Cinco casos tenía reportados la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad el 28 de febrero de 2020, fecha en que el coronavirus ya estaba presente en la región, pero cuyo impacto no era aún visible. Una semana después, el Gobierno Regional decretaba el cierre de las residencias y centros de día; y el 11 de marzo se suspendió toda la actividad educativa. Dos meses y medio después, Madrid registra 64.972 infectados y 8.720 fallecidos, según los datos del Ministerio de Sanidad del 12 de mayo.
Aquel viernes 28 de febrero, los servicios de Microbiología y Hematología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, situado en Alcalá de Henares -uno de los principales focos de transmisión del virus en la región- solicitaron la compra por procedimiento de urgencia de varias unidades de tests rápidos de detección del COVID-19, debido «al gran volumen de pacientes sospechosos». El contrato de suministros fue adjudicado a Palex Médical S.A. por 48.000€, y fue firmado por el Director Médico del Hospital con autorización de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
Pese al aviso del Hospital de Alcalá de Henares, la reacción del Gobierno regional llegó tarde. Durante la primera semana de marzo, las respuestas y llamadas a la acción se realizaron de manera independiente por cada una de las Consejerías, sin coordinación entre sí. Miembros de la Consejería de Sanidad mantuvieron dos reuniones diarias desde el 27 de febrero, pero no fue hasta el 4 de marzo cuando el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero presentó en el Consejo de Gobierno un informe oral sobre la evolución e impacto del coronavirus en la región. Hasta entonces, la única medida lanzada fue la puesta en marcha de una campaña de difusión preventiva a través de redes sociales.
Al día siguiente, 5 de marzo, la Dirección General de Salud Pública emitió un comunicado en el que aseguraba que la población general podía continuar con su actividad «con toda normalidad». El comunicado estaba firmado por su entonces directora, Yolanda Fuertes, que presentó su dimisión la semana pasada al considerar que Madrid no estaba preparada para solicitar el cambio a la Fase 1 de desescalada. Al mismo tiempo, y desde la misma Dirección, se decretaba el cierre de residencias y centros de día en toda la región.
La curva epidemiológica continuaba creciendo exponencialmente en Madrid, pero no fue hasta el 9 de marzo cuando se aprobaron las primeras medidas en un Consejo de Gobierno extraordinario, cuyos acuerdos no ha sido publicados. Dichas medidas decretaron el fin de la actividad educativa presencial en todo Madrid, un plan específico de urgencias hospitalarias o recomendaciones para empresas y turistas, entre otras.
