La consejería de educación de la Comunidad de Madrid consuma finalmente su último y enésimo incumplimiento, tal vez, el que más perjudica a las familias de Montecarmelo, y comunica que el futuro instituto de secundaria Blanca Fernández Ochoa retrasa su apertura a septiembre de 2023. Lo hace, además, cuando el pasado mes de noviembre, el propio titular de la consejería, el Sr. Enrique Ossorio, confirmara que las obras darían inicio “de inmediato”, para estar “concluidas en septiembre de 2022”, no en su totalidad, sino de manera parcial (citaba concretamente el 75% del total de la obra). Es decir, nueva promesa incumplida y un año más de espera para poder entrar en un centro comprometido en 2008 y con una parcela disponible y totalmente acondicionada desde 2019.
Este nuevo retraso supone la existencia, a mi entender (y creo que el de cientos de familias), de dos importantes problemáticas. Por un lado, lo que implica que este nuevo retraso y su consiguiente desplazamiento de toda su comunidad educativa (tres cursos seguidos completos sin tener su infraestructura construida) se haya producido una vez haya finalizado el periodo de admisión en centros escolares públicos, plazo que estuvo abierto entre el 21 de abril y el 5 de mayo. La comunicación de este último retraso se produce en una reunión con la AMPA del IES el pasado 11 de junio, más de un mes después de finalizado ese periodo de admisión (en el cual las familias eligen el centro en donde quieren inscribir a sus hijos en el próximo curso académico). Muchas de ellas eligen el IES Blanca Fernández Ochoa como primera y única opción, y lo hacen con esa información del consejero – el IES estará construido en septiembre de 2022 –, y así lo materializan ante la secretaría virtual. Desconocen que sus hijos e hijas estarán desplazados fuera del barrio un curso completo, lo que genera un absoluto desánimo e impotencia entre las nuevas familias, que se suman, en su desesperación, a las familias que ya llevan dos años desplazadas. La Comunidad de Madrid, lo sabía. Sabía que habría un nuevo retraso, principalmente porque llevan incumpliendo todos los anteriores desde hace varios años. No tenían argumento y utilizan el de la crisis del transporte, que no llegó a las tres semanas de duración, para anunciar un retraso de un año completo. No encuentro calificativo “educado” para poder tildar esta situación.
Por otro lado, la consejería de educación vuelve a dejar fuera del debate, de la información, a las familias de los dos colegios públicos de Montecarmelo adscritos al instituto: el CEIP Infanta Leonor y el CEIP Antonio Fontán. No cuentan con ellas para nada, cuando, para este curso, más de un centenar de ellas han elegido en primera opción, como digo, el nuevo instituto. Entonces, ¿qué pueden hacer? Algunas de ellas ya están valorando pedir plaza en otro centro en el periodo extraordinario, ante el Servicio de Apoyo a la Escolarización, donde se encontrarán con el obstáculo de que, únicamente, se aceptan aquellos cambios que vienen por traslado de domicilio, reagrupación familiar o similares causas de marcado carácter especial. También, muchas de ellas están pidiendo al tejido asociativo del barrio que se valore la toma de acciones legales o la queja al Defensor del Pueblo, algo que en estos momentos se está estudiando como una posibilidad más que real.
La Comunidad de Madrid, la de la Libertad de elección de centro, la de la excelencia, pero también la que subvenciona a la educación privada, la de los recortes, la de la falta de profesorado y especialistas en las aulas, la que no admite la normativa emanada de las Cortes Generales, la cual decide incumplir, vuelve a retratarse, no sólo en relación a qué entiende ella por educación pública, sino a cómo valora ésta y cuál es su voluntad de cara a cuidarla, protegerla y, lo más importante, potenciarla.
Con todo, desde estas líneas me gustaría poder contar con una respuesta contundente a este auténtico despropósito. Ya no caben las manifestaciones, las concentraciones o los encierros en los colegios. Tampoco las iniciativas parlamentarias. Las quejas o campañas por redes sociales, incluso la publicación de artículos de opinión como éste, no tienen apenas impacto en nuestros gobernantes. La Comunidad de Madrid que representan nuestra presidenta Díaz Ayuso, el Sr. Ossorio, o incluso la viceconsejera Nadia Álvarez, demandan una respuesta más contundente por parte de la ciudadanía, que cuestione su soberbia, su falta de empatía, su desprecio y su constante ataque a los valores y principios que deberían regir su gestión. No hablo de violencia, por supuesto, ni de amenazar o atacar a nadie físicamente, sino de decir “así no”, “no nos merecemos este trato”, “tenemos el deber y el derecho a exigir unas políticas públicas que resuelvan nuestras necesidades reales y se ajusten a los compromisos que, como gestores, nuestros políticos y gobernantes tienen el deber de cumplir”.
Desde aquí hago ese llamamiento. Es hora de levantarse.
Fernando Mardones Morales es vecino y presidente de la Asociación Vecinal Barrio de Montecarmelo
