La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de recortar aulas en los colegios públicos Mirasierra, Alhambra (Peñagrande) y Blas de Lezo (Las Tablas).
Vuelve a sus pantallas el artículo de cada primavera, este año en promoción 3×1. La Consejería de Educación, dirigida por Enrique Ossorio (PP), ha comunicado el cierre de varias aulas en colegios públicos del distrito de Fuencarral-El Pardo (Madrid), como viene siendo habitual cada curso, y ha puesto en pie de guerra a varias comunidades educativas al mismo tiempo.
Si en abril del año pasado fue la del colegio público Cardenal Herrera Oria la que consiguió paralizar cualquier recorte mediante la movilización de su comunidad educativa, en esta ocasión los recortes se extienden por varios barrios, algunos de ellos sumamente afectados por los recortes de años anteriores.
Especialmente peliagudo es el caso del colegio público Alhambra, situado en el barrio de Peñagrande y de educación bilingüe, donde el gobierno de Ayuso pretende que el centro apenas mantenga una clase abierta por curso, pese a que las previsiones demográficas del entorno apuntan a un incremento de la demanda en el futuro. Las familias del centro han anunciado una concentración a la puerta del centro el 7 de abril y estudian acciones posteriores.
En otro centro próximo, el CEIP Mirasierra, la Consejería de Educación pretende cerrar un aula en segundo de educación infantil (4 años), manteniendo solo dos líneas educativas, lo cual supondría un incumplimiento de la ratio legal de alumnos por aula, pese a que en tres años conserva sus tres líneas. La justificación, en ambos casos, es la recurrente por parte de la consejería: “falta de demanda”.
La plataforma “La Ilustración por la Educación Pública“, que acoge a las AMPAs de Peñagrande y Arroyo del Fresno, denuncia que esta reducción dejaría la oferta educativa pública en Peñagrande en apenas 80 plazas para 3 y 4 años pese a que hay más de 600 niños censados con esas edades, dado que el CEIP Bravo Murillo solo cuenta con una línea educativa y no es bilingüe.
En una situación todavía peor se encuentra el barrio de Mirasierra, que se quedaría con 40 plazas públicas para medio centenar de niños. A eso se suma el ‘boom’ demográfico de un barrio que está en desarrollo, dado que el PAU de Arroyo del Fresno, ubicado administrativamente en Mirasierra, ha visto nacer en el último año a 350 niños que en los próximos años deberán ocupar plazas como las que ahora se pretenden eliminar.
Esta plataforma ha anunciado su adhesión a todas las movilizaciones que se sucedan en ambos centros y exige a la Consejería de Educación a que “dé marcha atrás en sus planes de privatizar el derecho a la Educación en Mirasierra y Peñagrande”. “Ambos barrios tienen derecho a la libertad de poder elegir educación pública”, afirman en un comunicado compartido también con la Asociación Vecinal Islas de Peñagrande.
Tijeretazo al CEIP Blas de Lezo de Las Tablas
La comunidad educativa del colegio público Blas de Lezo vuelve a cargar contra el Gobierno Regional. Tras haber protagonizado gran parte de la actualidad en el distrito en los últimos años después de que la comunidad destituyera a su director, nombrase a dedo a una sustituta sin experiencia –que dimitió posteriormente– y acabar en los juzgados con múltiples denuncias cruzadas entre familias, administración y dirección del centro, el foco vuelve al centro de la calle Frómista.
En esta ocasión, las familias denuncian que la Comunidad de Madrid les ha adelantado el cierre permanente de seis aulas, pasando de ofertar cuatro líneas educativas a tres en cada curso de educación infantil, y recortando otras en primaria. Hasta el momento, las familias han iniciado una petición para sumar apoyo popular y tratar de frenar la decisión.
El pleno del distrito de Fuencarral-El Pardo celebrado ayer también trató el tema. El PSOE llevó al mismo una propuesta para paralizar la supresión de líneas en todos estos centros, que fue rechazada con los votos de PP y Ciudadanos, además de la abstención de Vox. La propuesta fue rechazada por el valor del voto de calidad del concejal-presidente, Javier Ramírez Caro.
