Hace un mes, en estas mismas páginas, nuestro compañero Juan Fernández ponía en valor la responsabilidad de las familias y del conjunto de la comunidad educativa de nuestros barrios de defender nuestros derechos sociales que nos están siendo arrebatados por la acción del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Debemos reflexionar sobre el gravísimo hecho de que estas actuaciones no son inocuas. Ni improvisadas. En aras de una supuesta libertad, se desmantela y privatizan los servicios públicos que son de todos y todas. Habrá quien piense que ese “gasto” es innecesario. Que cada uno debe hacer con su dinero lo que le venga en gana, si es tomar cañas pues mejor.

La realidad es que mientras no se sostenga desde las administraciones competentes y con recursos públicos unos servicios públicos que den garantía a derechos básicos reconocidos en nuestra Constitución, éstos se diluirán en adjudicatarios privados cuyo principal interés, como toda empresa, es obtener beneficios. Y en virtud de este principio, nuestros derechos fundamentales quedan sujetos a la lógica del beneficio y de un mercado en el que no todas y todos podemos acceder. Esa es la realidad que esconde el concepto “Libertad” que defiende la Comunidad de Madrid gobernada desde hace tanto por el Partido Popular.

Porque se está imponiendo un modelo que cada vez parece que cala más en la sociedad madrileña. Esta es la verdadera batalla cultural por la que lo común se destruye con el objetivo de favorecer las cuentas de resultados de aquellas empresas que luego llaman a sus clientes “tontos”. Dentro de poco nos cobrarán por respirar y nos llamarán “tontos” si morimos asfixiados si no podemos hacerlo.

En el caso que nos ocupa, la reducción al mínimo del derecho a la educación gratuita en nuestros barrios (Peñagrande, Mirasierra, Montecarmelo, Las Tablas…) y reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, la agresión es constante y en pequeñas dosis. Un año cerramos directamente el CEIP Arroyofresno (antiguo Apolo XI), otro año intentamos cerrar el CEIP José Bergamín que fue parado con la movilización. Luego cerramos los ciclos de TAFAD en el IES Pérez Galdós. Al año siguiente cerramos todo el IES. Dejamos a todo el barrio de Montecarmelo sin IES público cuya lucha por conseguirlo lleva la friolera de 14 años. Y lo que queda. El pasado curso ya intentaron reducir línea en el CEIP Herrera Oria. Y ahora quieren recortar las plazas públicas en los CEIP Alhambra, Mirasierra y Blas de Lezo.

La lógica es perversa, y tiene varias políticas de aplicación. La bajada de ratio que sería un gran beneficio para la escuela pública, y que se ha constatado que redunda en una mejora sustancial de la calidad educativa, es utilizada por la Consejería de Educación para reducir más aún las plazas públicas. El ejemplo es evidente en el caso de la reducción en el CEIP Alhambra: actualmente dispone de dos aulas de 3 años (50 plazas con la ratio legal), pero para el curso que viene quieren dejarle tan solo una clase con 20 plazas; supone una disminución de 30 plazas públicas. Si fuera director de ese centro no estaría muy feliz.

La situación es peor: ahora pasan a 4 años (esto también ocurre en el CEIP Mirasierra) los alumnos que en el presente curso se encuentran en la clase de 3 años (en teoría 50, aunque esas aulas no están completas). Pero, con la reducción de clase en 4 años, pasan claramente de la ratio legal permitida en periodo ordinario de matriculación. Insisto, en periodo ordinario de matriculación. Porque superar esta ratio en este periodo va en contra de la normativa educativa. En periodo extraordinario de matriculación (alumnado que a lo largo del curso cambia de domicilio, viene de otro sistema educativo…) se permite un 10% la superación de la ratio que debe ser corregida en el curso siguiente para no volver a superar la ratio legal en periodo ordinario, además de la reducción de la plantilla docente derivada de esa reducción de aulas.

Coral Báez, directora de la DAT-Capital lo llama gestión de recursos y falta de demanda. ¿Cómo va a haber demanda si no hay oferta con el recorte de todas esas plazas públicas? Expliquemos. El proceso de solicitud de plaza conlleva una lógica que asusta a las familias. Con razón, ya que en virtud de otro mecanismo creado por la Comunidad de Madrid, el Área Única, las familias tienen que afinar muy bien su primera opción en la petición de plaza. Pueden ver que a su hija o hijo se le matricule en un centro bastante alejado de su lugar de residencia. Y por supuesto, el miedo a poner en primera opción un centro cuya oferta inicial y a priori es ninguna plaza es fácilmente comprensible.

También es verdad, como ocurrió el pasado curso en el CEIP Herrera Oria, que habiendo sitio y peticiones en primera opción, la decisión de la DAT puede ser modificada. Pero eso solo se consigue con mucha lucha, escritos, prensa, concentraciones y manifestaciones. Y tampoco esto es garantía. Pero quien guarda silencio, muere. Y lo hace porque no pone en valor su centro para desmentir este argumento que ya hemos visto que es perverso y manipulado. Porque la realidad es que tanto en el barrio de Peñagrande como en el de Mirasierra hay población objetiva de sobra para que los CEIP públicos en estos dos barrios tuvieran que aumentar su línea mucho más de la que tienen actualmente. El comunicado de la plataforma educativa de Peñagrande, La Ilustración por la Educación Pública, muestra cuál es esa situación demográfica.

Desde luego, la población no desaparece. Sin Educación Pública, no hay Libertad de Elección. Y aquí entra un segundo factor. La gestión de recursos. ¿A alguien se le pasa por la cabeza que los negocios privados-concertados de la zona van a asumir ese alumnado que no se puede matricular en la Educación Pública sin ninguna contraprestación? Porque en sus jornadas de puertas abiertas ya han anunciado que ellos no tienen ese problema y que ahí caben todos. Claro, todos los que paguen esas cuotas que ya han sido denunciadas en numerosas ocasiones. Y si no, la alternativa de las familias es desplazar a sus hijas e hijos a centros educativos fuera de su barrio.

¿Y si no hay centros educativos públicos? Nos encontramos el caso de los IES de Montecarmelo y Las Tablas. En este último caso, el barrio ya necesita un segundo IES y no hay ninguna previsión de iniciar la construcción de dicha infraestructura. Además se suma la reducción de plazas en el CEIP Blas de Lezo viene condicionada por el éxodo de las familias a las que la Comunidad de Madrid destrozó su proyecto educativo y además penalizó su lucha. En este caso, la reducción es de 6 aulas en diferentes cursos. Como ocurrió con la ejemplar lucha ante el cierre del IES Pérez Galdós de Peñagrande que, tras muchas movilizaciones, el centro se cerró definitivamente colocando allí la escuela de idiomas que 5 años después continúa llevando el nombre del barrio de Valdezarza, situado en el distrito de Moncloa-Aravaca (a pesar de que antes estaba en Peñagrande y ahora está en medio de este barrio).

Enlaza esta cuestión con el asunto del IES Blanca Fernández Ochoa de Montecarmelo. 14 años reclamando un IES público. Cuando por se institucionaliza el centro hace 3 años, las obras no comienzan hasta hace bien poco. Y mientras tanto el alumnado se encuentra desplazado dos años en el IES Dámaso Alonso, en el barrio de La Paz. Y este año, los despropósitos de Nadia Álvarez, la viceconsejera de Organización Educativa, no tienen parangón. Estas familias ven como les desplazan este curso después de 14 años de promesas al… ¡IES Pérez Galdós! Y no se lo pierdan… ¿la culpa? De Putin y de Sánchez.

Y viene este alumnado de Montecarmelo a Peñagrande. Vaya por delante que en Peñagrande estamos encantados de acoger a nuestros vecinos. Pero nuestro barrio se ha convertido en una suerte de almacén de centros educativos públicos cerrados que sirven para desplazar al alumnado de otros barrios. El caso de este año con el IES Pérez Galdós es un ejemplo, pero en 2019 ya intentaron paliar su ineficaz e intencionada gestión en la construcción de infraestructuras educativas desplazando los primeros cursos del CEIP La Roldana de Arroyo del Fresno al cerrado CEIP Apolo XI. Las familias no quisieron y como consecuencia el CEIP La Roldana (con código asignado 28079412) ha desaparecido este año de la web de centros de la Consejería de Educación. Es así como Peñagrande se sitúa en la zona cero de las políticas destructoras de la Educación Pública y además de no tener nada más que alrededor de un 10% de oferta de plazas públicas sobre su población, tenemos que acoger a nuestro vecindario donde tampoco tienen plazas públicas.

Por todo ello, estamos cansados y cansadas de tener que soportar este atentado a nuestras libertades y derechos. Las tres plataformas en defensa de la Educación Pública de Montecarmelo, Las Tablas y Peñagrande nos hemos coordinado este domingo 8 de mayo para celebrar una movilización doble (manifestación y bicicletada) que recoge las demandas de los tres barrios y queda plasmado en este comunicado.

Queremos agradecer a las AMPAS de los diferentes CEIP afectados y al resto de entidades que nos están apoyando en esta lucha su lucha y su determinación. Esperamos que de una vez Ayuso, Ossorio, Nadia Álvarez y Coral Báez dejen en paz la Educación Pública de Fuencarral-El Pardo.

Miguel G.
Portavoz de La Ilustración x La Educación Pública de Peñagrande.